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Los juzgados ordinarios ya no podrán frenar confinamientos y otras medidas antiCovid

Los Confinamientos parciales o perimetrales y resto de medidas que tomen los gobiernos autonómicos para frenar los contagios de Covid ya no podrán ser paralizadas por los juzgados ordinarios. El Congreso ha aprobado este miércoles una ley en la que el Gobierno incluyó a última hora una enmienda para trasladar de los jueces ordinarios a los Tribunales Superiores de Justicia de la comunidades autónomas la competencia para fallar sobre decisiones políticas contra la pandemia que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos. Este cambio legal ha sido aprobado por una amplia mayoría , después de que el líder del PP, Pablo Casado , comunicara que su grupo lo apoyaría al presidente, Pedro Sánchez, en su última reunión en La Moncloa.

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Hasta el momento, ha habido varios casos que han demostrado que los Tribunales de Justicia han sido más permisivos con las medidas de los Gobiernos autonómicos para frenar la pandemia. Así, esta primavera, un juzgado de lo contencioso administrativo de Lleida frenó la decisión de la Generalitat de confinar la ciudad y varias comarcas y, tras recurrir la decisión, el Tribunal de Justicia de Cataluña dio luz verde. En Madrid ocurrió lo mismo ante la decisión de prohibir fumar en las terrazas. Un juez ordinario lo frenó hasta que el Tribunal Superior de Justicia terminó dando la razón al gobierno madrileño.

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Más sobre Pablo Casado Pedro Sánchez Gobierno Congreso Tribunal Superior de Justicia Con la votación de este miércoles en el Congreso, se ha aprobado una ley que incluye un cambio de jurisdicción para casos relacionados con medidas antiCovid. Ya no serán los juzgados ordinarios de lo contencioso administrativo quienes autoricen las decisiones políticas , sino que estos casos llegarán directamente a la Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, que hasta ahora veían los recursos contra decisiones de los jueces ordinarios

Fuentes del Ministerio de Justicia indican que esta reforma legal podría afectar ya a las nuevas medidas que piensa tomar la Comunidad de Madrid en los próximos días. Si se decretan tan solo un día después de la publicación de la nueva ley en el BOE, la decisión del Gobierno madrileño la evaluará el Tribunal Superior de Justicia y no un juzgado ordinario

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