La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó los méritos de los elementos probatorios para el envío a juicio de los imputados
El Ministerio Público destacó este viernes que más de 2,000 pruebas demuestran los hechos cometidos por Juan Alexis Medina Sánchez y los demás imputados de incurrir en corrupción administrativa en el expediente acusatorio del Caso Antipulpo.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó los méritos de los elementos probatorios para el envío a juicio de los imputados.
“Hemos llegado hasta la prueba 1,600 de la acusación . La acusación cuenta con más o menos 1,900 pruebas documentales, luego pasaremos a leer las pruebas periciales, que son unas 200 pruebas”, detalló.
Ortiz indicó que para el próximo lunes el Ministerio Público culminará con la presentación de sus elementos de prueba y luego presentará sus conclusiones sobre esta etapa del proceso, que el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce en audiencia preliminar.
“Es evidente que, frente a los hechos presentados, hechos que han quedado probados, como hemos establecido con más de 2,000 pruebas, el juez no tendrá otra opción que dar el correspondiente auto de apertura a juicio, enviando a todos los imputados a juicio en base a la calificación jurídica, los hechos y las pruebas que ha presentado el Ministerio Público”, sostuvo Ortiz, al responder preguntas de la prensa.
El órgano de la persecución penal estuvo representado por la procuradora de corte Ortiz y los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero continuará conociendo las pruebas el próximo lunes 14 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana. La lectura de la acusación fue dividida en 10 tomos.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
