Política

TelaSaco Digital No es Caraota | Estado indolente y esclavista

Un año después de que supiéramos que en Ecuador hay esclavos, el Estado no ha hecho nada para reparar a las víctimas ni para sancionar a la empresa esclavista. El caso Furukawa podría representar, sin duda alguna, la más dramática violación de los derechos de las personas en toda la historia del país. Pero el Gobierno guarda silencio y se cruza de brazos. 

Desde 1963, la empresa japonesa Furukawa diseñó mecanismos sistemáticos de explotación de cientos de seres humanos para enriquecerse. Y lo hizo con la venia y la complicidad de todos los gobiernos desde entonces. 

Ahora, a pesar de que la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional comprobaron in situ las condiciones en las que malviven los trabajadores, todo sigue igual. O peor. Este año de impunidad ha servido para que la empresa esclavista divida a los trabajadores y genere conflictos que ya han dejado al menos dos heridos. No se han realizado las pericias antropológicas necesarias como parte de la investigación, por falta de recursos. Y, más allá de la investigación –que tampoco muestra avances–, nadie asume la obligación política de señalar culpables. La Comisión legislativa aprobó el tratamiento del caso en el Pleno de la Asamblea, pero eso tampoco ha ocurrido

Un año después de que supiéramos que en Ecuador hay esclavos, el Estado no ha hecho nada para reparar a las víctimas ni para sancionar a la empresa esclavista. El caso Furukawa podría representar, sin duda alguna, la más dramática violación de los derechos de las personas en toda la historia del país. Pero el Gobierno guarda silencio y se cruza de brazos. 

Desde 1963, la empresa japonesa Furukawa diseñó mecanismos sistemáticos de explotación de cientos de seres humanos para enriquecerse. Y lo hizo con la venia y la complicidad de todos los gobiernos desde entonces. 

Ahora, a pesar de que la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional comprobaron in situ las condiciones en las que malviven los trabajadores, todo sigue igual. O peor. Este año de impunidad ha servido para que la empresa esclavista divida a los trabajadores y genere conflictos que ya han dejado al menos dos heridos. No se han realizado las pericias antropológicas necesarias como parte de la investigación, por falta de recursos. Y, más allá de la investigación –que tampoco muestra avances–, nadie asume la obligación política de señalar culpables. La Comisión legislativa aprobó el tratamiento del caso en el Pleno de la Asamblea, pero eso tampoco ha ocurrido.

La desidia estatal permitió que durante este año la empresa derrumbe más de once campamentos para borrar la evidencia de cómo sometió a sus esclavos. Y aunque la defensa presentó actos urgentes por los derrocamientos, solo uno fue atendido. 

La complicidad estatal se encarna en las negativas, en las respuestas vagas o en el silencio ruin. ¿No es obsceno que el MIES gaste más de cuatro millones de dólares en una supuesta estrategia de comunicación circense, cuando 1.244 personas –según su propio censo– no tienen que comer?  ¿Se justifica que el Ministerio de Gobierno asegure que se trata de un conflicto laboral y endilgue la responsabilidad al Ministerio de Trabajo, y que éste, cínicamente, solo calle? ¿Es humano mirar hacia otro lado cuando hablamos de vidas humanas?

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