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Finjus: debate caso Yanelsi es más que punitivo

Rocio Higuera, Periodista Rocio Higuera
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La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó ayer que el rapto, violación y asesinato de la menor de 4 años de edad Yanelsy Rodríguez alarma y provoca estupor, pero no puede responderse de manera apresurada mediante la clásica fórmula del aumento de la pena como método disuasivo, especialmente en el marco de un sistema penal que tiene como objetivo supremo privilegiar la reinserción social. Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la entidad, señaló que el hecho de que entre los autores materiales involucrados en el horrendo crimen ocurrido en una comunidad de Santiago haya uno o más adolescentes, le da al tema una complejidad especial. En ese sentido, dijo que en el debate del tema no se puede descartar cualquier esfuerzo de establecer “parámetros madurativos o psicológicos” en el entendido de que a estos adolescentes no se les debe dar ningún tipo de tratamiento diferenciado en función de su edad. Afirmó que existe suficiente evidencia y documentación que señalan que las estrategias represivas y punitivas han dado pocos resultados porque no están dirigidas a las causas del fenómeno, sino que buscan disminuir los indicadores de violencia y delincuencia de manera sostenida. Agregó que no se pueden desechar criterios y preceptos asentados en la doctrina y la jurisprudencia internacional, como el interés superior del niño y sus garantías procesales, de cara a lo que en la doctrina se ha conocido como el “obrar con discernimiento”, ni descartar una valoración de la “maduración neuropatológica” que permita determinar si la persona ha actuado con suficiente madurez volitiva y conductual, para presuponer que ese adolescente es responsable absoluto de sus actos y por ende, consciente del mal que causa. Señaló que el fenómeno de la delincuencia juvenil amerita una ponderación amplia de los múltiples factores que circundan la ocurrencia del mismo, dentro de estos: la intervención social en lo referente a los altos grados de exclusión que rodean a los menores que incurren en ilícito penal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó ayer que el rapto, violación y asesinato de la menor de 4 años de edad Yanelsy Rodríguez alarma y provoca estupor, pero no puede responderse de manera apresurada mediante la clásica fórmula del aumento de la pena como método disuasivo, especialmente en el marco de un sistema penal que tiene como objetivo supremo privilegiar la reinserción social. Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la entidad, señaló que el hecho de que entre los autores materiales involucrados en el horrendo crimen ocurrido en una comunidad de Santiago haya uno o más adolescentes, le da al tema una complejidad especial. En ese sentido, dijo que en el debate del tema no se puede descartar cualquier esfuerzo de establecer “parámetros madurativos o psicológicos” en el entendido de que a estos adolescentes no se les debe dar ningún tipo de tratamiento diferenciado en función de su edad. Afirmó que existe suficiente evidencia y documentación que señalan que las estrategias represivas y punitivas han dado pocos resultados porque no están dirigidas a las causas del fenómeno, sino que buscan disminuir los indicadores de violencia y delincuencia de manera sostenida. Agregó que no se pueden desechar criterios y preceptos asentados en la doctrina y la jurisprudencia internacional, como el interés superior del niño y sus garantías procesales, de cara a lo que en la doctrina se ha conocido como el “obrar con discernimiento”, ni descartar una valoración de la “maduración neuropatológica” que permita determinar si la persona ha actuado con suficiente madurez volitiva y conductual, para presuponer que ese adolescente es responsable absoluto de sus actos y por ende, consciente del mal que causa. Señaló que el fenómeno de la delincuencia juvenil amerita una ponderación amplia de los múltiples factores que circundan la ocurrencia del mismo, dentro de estos: la intervención social en lo referente a los altos grados de exclusión que rodean a los menores que incurren en ilícito penal.